La historia tiene algo de intriga. Al principio del actual gobierno, llegó al Programa de Política de Drogas (PPD) del CIDE un disco compacto con una base de datos que registraba más de cuarenta mil eventos, clasificados ya fuera como enfrentamientos, agresiones o ejecuciones, de la guerra contra el narcotráfico de los primeros cinco años del gobierno de Felipe Calderón.

Cada hecho asentado en las tablas de Excel en las que estaba presentada la base traía una descripción de lo acontecido ­–unas más detalladas que otras, casi todas escritas con una sintaxis precaria, muchas de ellas evidentemente extraídas de los partes militares, otras sacadas de reportes policiacos, algunas escritas por lo que parecían agentes en el terreno de los servicios de inteligencia del Estado–, junto con celdas que consignaban número de muertos, heridos, detenidos, armas incautadas, vehículos involucrados, textos de los mensajes dejados a lado de los cadáveres o de las narcomantas colocadas y demás información, según fuera el caso, que permitía la reconstrucción aproximada de lo ocurrido.

A pesar de que la base de datos parecía tener una factura oficial, el desconocimiento de la fuente de la que provenía impedía una utilización ética desde el punto de vista académico de sus contenidos, por lo que la decisión institucional del CIDE fue llevar a cabo una validación acuciosa de la información. En primer lugar, la investigadora Laura Atuesta contrastó las cifras de ejecuciones de la base de datos filtrada con las tristemente célebres estadísticas de ejecutados entre 2007 y 2010 que publicó en aquellos años la propia presidencia de la república y que de manera macabra bautizaron los periodistas como muertómetro. La información contenida en uno y otro registro coincidía casi al cien por ciento, por lo que fue fácil concluir que se trataba de la misma fuente de información. Con esa base, hicimos otras indagaciones informales –yo me encontraba entonces realizando mi sabático en el PPD–CIDE– que nos permitieron concluir que se trataba de la base de datos recopilados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional durante el tiempo que lo dirigió Guillermo Valdés y que se dejó de levantar cuando este dejó el cargo, de ahí que no contenga datos de 2012.

Sin embargo, esta validación informal era insuficiente para poder utilizar éticamente los resultados, con rigor académico, por lo que el PPD decidió hacer una validación más con el apoyo del Centro de Investigación en Geografía y Geomática Ing. Jorge L. Tamayo A. C. (Centro Geo), que consistió en cruzar la información de las descripciones de los hechos contenidos en la base con la información publicada en los medios de comunicación y disponible en la WWW. De ese ejercicio resultó que el 48 por ciento de los acontecimientos registrados en la base de datos había también sido consignado con información similar por los medios locales o nacionales. El clima amenazante al que se enfrentan los periodistas que cubren los hechos de la guerra explicaría la falta de registro del resto de los eventos. La base de datos filtrada podía ser considerada, así, como válida.

La decisión del PPD fue hacer pública una versión depurada de la base de datos con el título de La guerra contra las drogas en México: registros (oficiales) de eventos durante el periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 20011, sin la información sensible sobre nombres de personas y circunstancias que permitieran su identificación, la cual está disponible para ser consultada en la página del PPD y varios investigadores nos dispusimos a tratar de sacar algunas conclusiones de la información disponible.

Un equipo de trabajo formado por Alejandro Madrazo Lajous, Rebeca Calzada y por mí, se enfocó en tratar de dilucidar el papel jugado por las fuerzas de seguridad del Estado en la tragedia que la base de datos refleja. Analizamos, así, los más de tres mil registros en los que se reportaba actuación estatal En un principio, nos interesaba analizar la juridicidad de las acciones de las policías y las fuerzas armadas: si sus intervenciones se debían a órdenes judiciales o si detrás de su actuación había un trabajo de inteligencia previa que los llevar a actuar con base en indicios sólidos. Los resultados nos sorprendieron, pues, aunque en el 84 por ciento de los casos el evento se había producido como consecuencia de la actividad de las fuerzas públicas, solo el dos por ciento había sido detonado por una orden judicial o ministerial y únicamente el tres por ciento era reportado como resultado de una labor de inteligencia, mientras que el ocho por ciento había sido detonado por una llamada anónima (la cual pudo provenir, por ejemplo, de un grupo rival del que fue enfrentado por las fuerzas estatales, con lo que los cuerpos de seguridad le estarían haciendo la labor al enemigo) y el 31 por ciento había sido resultado de patrullajes devenidos en enfrentamientos.

Esa información es, de suyo, alarmante, porque refleja una actuación sin ton ni son de los cuerpos estatales, con poco apego a las formas del Estado de derecho. Pero cuando se entra al terreno de los muertos, la base refleja un panorama escabroso, tétrico, pues la cantidad de enfrentamientos en los que la letalidad de la utilización de la fuerza del Estado resulta desproporcionada es abrumadora. Los datos de la base confirman los ya de por sí altos índices de letalidad documentados antes por Catalina Pérez Correa, Rodrigo Gutiérrez y Carlos Silva Forné y arrojan un dato siniestro que refuerza la conjetura de una utilización excesiva de la fuerza del Estado en esta malhadada guerra: en el 37 por ciento de los casos no se puede establecer un índice de letalidad porque no hay heridos, solo muertos. Se trata de un dato que debe ser interpretado con cuidado y contrastado con el número de detenidos en cada evento, pero la tendencia que muestra es aterradora: no solo el número de muertos en enfrentamientos con las fuerzas del Estado crece dramáticamente año tras año, sino que la proporción de fallecidos en eventos sin heridos aumenta hasta alcanzar el 80 por ciento del total. Cuando son las fuerzas armadas las que llevan a cabo el operativo, la cifra de muertos en hechos sin heridos alcanza el 90 por ciento.

Felipe Calderón ya respingó en una carta al conocer las primeras versiones de nuestra investigación. Enseguida se apresuró a afirmar que “es absurdo afirmar que hubo una política de exterminio”. Nosotros simplemente nos remitimos a la información que su propio gobierno recopiló.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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